ENERGÍA versus SALARIOS
A LA BÚSQUEDA DE UNA COMPETITIVIDAD SIN LASTRES
Los agentes sociales, así como la sociedad
en su conjunto, han cobrado conciencia de la importancia de la competitividad
en un mundo cada vez menos compartimentado, global. Sin duda, tiene una
influencia directa en la cantidad de empleo, así como en la masa salarial.
En líneas generales, los costes de los productos y servicios
vienen mayoritariamente influidos por el coste de los aprovisionamientos
–materias primas, productos intermedios, embalajes, etc.– los costes
salariales, la energía, el transporte, la amortización de los capitales
invertidos –maquinaria, etc.– y las cargas financieras. Por supuesto, hay otros
factores en juego, como por ejemplo los gastos en marketing o investigación. Pero, a los efectos del presente
artículo, no merece la pena entrar en mayores detalles.
El conjunto de estos costes nos marcará el coste total del
producto o servicio. Y el conjunto de los productos y servicios determina las
operaciones de cada empresa o actividad económica. La sostenibilidad de la
misma dependerá, obviamente, del hecho de que el importe de las ventas de sus
productos y servicios supere al importe de los costes, siendo su diferencia el
beneficio o pérdida de la actividad económica.
La globalización de la economía y la generalización
creciente de las prácticas de libre mercado a nivel internacional están
generando una convergencia de precios de productos y servicios. Y, como
consecuencia de ello, el estrechamiento de los márgenes de beneficio, que en
muchos casos derivan a una entrada en pérdidas, es decir, la inviabilidad o no
sostenibilidad de la actividad económica afectada. Una excepción la
constituirían los productos o servicios muy innovadores, que ocupan nichos de
mercado donde la competencia todavía es escasa o incluso inexistente. O los
mercados intervenidos, con precios regulados políticamente.
Volvamos a los costes. Los aprovisionamientos suelen estar
sometidos a condiciones de mercado, en especial las materias primas no
energéticas y los productos intermedios, por lo que una adecuada gestión de
compra asegura unos costes competitivos, una correcta relación calidad-precio
de los mismos.
En cambio, los costes salariales, en situaciones de crisis
como la presente que en el caso de España ha derivado en una escandalosa cifra
de desempleo, son susceptibles de reducción ad
infinitum, que es lo que está ocurriendo… Con graves consecuencias
individuales y para el conjunto del país, por la caída en el consumo interno
que ello conlleva.
La energía y el transporte son interdependientes, pues los
costes de uno afectan al otro, en especial los de la energía. Los precios de la
energía suelen ser precios en gran medida regulados y, en general, muy
distorsionados por numerosos impuestos y gravámenes. Y, lo que es más grave,
además de suponer un coste significativo, también suponen un coste diferencial,
dado que la energía es más cara en España que en la mayoría de países con los
que competimos en el mercado global. Es decir, lastran nuestra competitividad,
forzando a reducir la masa salarial para mantener la sostenibilidad de la
actividad económica, como veremos más adelante con mayor detalle.
La amortización de los capitales invertidos depende de las
inversiones ya efectuadas en bienes y equipos de producción. En momentos de
dificultad se pueden paralizar las nuevas inversiones, pero no se pueden
reducir las inversiones ya contraídas, salvo en contados casos en los que sea
posible vender a un precio razonable las inversiones realizadas sin afectar
excesivamente la capacidad productiva. Generalmente hay poco margen de maniobra
en este sentido.
Las cargas financieras, en época de crisis, son más
susceptibles de aumentar que de disminuir. Y, lo que es más grave, las
restricciones generalizadas al acceso al crédito pueden disminuir de manera
alarmante la liquidez de la empresa, comprometiendo su viabilidad. En todo
caso, las cargas financieras van a depender de los resultados de la actividad económica
y de su proyección en el tiempo: crecimiento, margen de beneficios… En otras
palabras, una entidad que reduzca su volumen de negocios y su margen de
beneficios va a experimentar un endurecimiento de las condiciones financieras,
es decir, un mayor coste, y muy posiblemente una reducción drástica del crédito
disponible. Esto ejerce una gran presión en los directivos de las diversas actividades
económicas.
Por último, el resto de gastos de la empresa, aunque de
menor peso relativo, en una situación de crisis van a verse cercenados
independientemente de su importancia estratégica, como es el caso de la I+D+i o
el marketing.
A modo de resumen, podríamos decir que los responsables de
una actividad económica, enfrentados a una situación de fuerte competencia en
su mercado en un contexto de crisis, van a contar con escaso margen de
maniobra. Prácticamente reducido a cercenar la inversión productiva y en I+D+i,
así como los gastos no imprescindibles a muy corto plazo, como el marketing, y negociar a la baja la masa
salarial. Aparte de endurecer las condiciones a los proveedores, si ello es
factible. En algunos casos, la subcontratación y el “outsourcing” –trasladar a otras empresas parte del proceso
productivo– ha sido una opción competitiva, pese a que ha ocasionado
destrucción de empleo cuando dicha producción se ha trasladado a otros países,
como China por ejemplo. Esto es sobre todo aplicable a las actividades que
operan en mercados maduros, que en nuestro país son la inmensa mayoría.
Por lo tanto, es evidente que los costes de la energía
tienen una gran influencia en la masa salarial, además de en la competitividad
en general. A precios más elevados de la energía tendremos además precios más
altos del transporte y, como consecuencia, salarios con tendencia acusada al
descenso para compensar el alza de los primeros.
Los costes de la energía son apenas negociables al nivel de
las organizaciones individuales, por grandes que estas sean. Pues, por una
parte nos encontramos que en España las materias primas energéticas –como el
petróleo– suelen estar sujetas al comercio de Estado, es decir, no puede ir uno
por el mundo y comprar lo que mejor le convenga. Por otro lado, la energía está
en manos de grandes conglomerados que se desenvuelven con gran soltura dentro de
un mercado extraordinariamente regulado, lejos de funcionar como un libre
mercado. Estas empresas han elaborado el concepto de “monopolio natural”,
basado en la innecesaria duplicidad de las infraestructuras de transporte y
distribución de la energía, pero que en la práctica supone una situación
oligopolística. Por último, la energía soporta unas cargas fiscales muy
elevadas.
Según publicó la empresa Iberdrola, el recibo eléctrico se
desglosa del siguiente modo:
-38%: energía consumida +
distribución.
-25,5% Energía consumida.
-12,5% Líneas eléctricas (Líneas de transporte de
Red Eléctrica)
-62%: costes políticos.
-30,1%
Políticas fiscales (IVA + Impuesto sobre electricidad+ Peajes+ Amortización
déficit)
-19%
Políticas medioambientales (Subvención régimen especial renovables)
-3,7%
Políticas territoriales.
-2,5%
Ayudas sociales.
-
6,7% Otros.
Es decir, en la factura eléctrica solo un 38% supone coste
de la energía propiamente dicha. Y de este 38%, la tercera parte son los gastos
en la red de transporte y distribución, cifra que a priori parece excesiva, suponiendo un grave lastre para el país.
Pero lo importante es recordar que todas estas cantidades se incorporan al
coste de los productos y servicios, afectando de lleno a los salarios y a la
masa salarial en su conjunto. Y lo que es más, se vuelven a incorporar al coste
del producto debido a que se vuelven a añadir al coste del transporte de los
aprovisionamientos y al de los productos acabados, etc. Es un despropósito en
cascada, que al final afecta tanto a nuestros salarios como a nuestros
bolsillos y merma la competitividad de las actividades económicas, amenazando
su sostenibilidad.
Se impone, pues, una toma de conciencia por parte de todos
los agentes sociales y una acción concertada de todos ellos a nivel de Estado,
e incluso a nivel paneuropeo. Para, por un lado, eliminar del precio de la
energía todos los impuestos que no sean atribuibles al exclusivo consumo de la
misma. Y, por otro, para liberalizar de modo real y eficiente los mercados
energéticos, tanto en el punto de consumo como para las materias primas
energéticas.
No es asunto sencillo, pues tanto en las organizaciones
patronales como en las sindicales están muy bien representados los gigantes del
sector energético, que no van a quedarse cruzados de brazos. Y, en muchos
casos, apoyados por las corporaciones financieras, con grandes intereses en los
mismos. Pero la alternativa, la inacción, no supone apoyar lo mejor para las
actividades económicas, ni para los trabajadores ni para nuestra nación.
Hay otros sectores con un funcionamiento similar al
energético, como es el caso del sector de las telecomunicaciones y el de las
TIC, de creciente peso económico e imprescindibles para el progreso del país.
Pero esto será, quizás, objeto de otro análisis en el futuro.
En términos generales, tanto en España como en la Unión
Europea nos enfrentamos a un exceso de regulaciones y normativa a todos los
niveles, que quizás está en la raíz del declive creciente de nuestra influencia
y peso en la escena mundial. Este concepto de querer arreglarlo todo mediante
la generación de nuevas leyes nos ha llevado a un encorsetamiento diferencial
excesivo respecto al resto del planeta. Aprovecho la ocasión para hacer un
llamamiento a la cordura, a imponer el buen hacer, el trabajo y la gestión, en lugar de la mera burocratización de todos los aspectos de la vida a que conduce la
excesiva regulación, que a la larga solo conduce al marchitamiento de la
creatividad y libertad individual.
Gaspar Llinares
Ingeniero Superior Industrial
PDG / IESE Business School
